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El presidente Nicolás Maduro convirtió el Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016 en una gran “zona de desarrollo estratégico nacional”, con el fin de explotar importantes yacimientos –oro, diamantes, coltán, caolín, dolomía, otros metales raros y estratégicos– y diversificar la economía, demasiado dependiente del petróleo. El anuncio provocó virulentas críticas de la derecha y la extrema derecha, de partidos políticos considerados “progresistas” (como Marea Socialista), de “defensores del medio ambiente” nacionales y extranjeros, de organizaciones indígenas y de personalidades presentadas como “disidentes” del chavismo.
