Acceso usuarios
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el de que una persona física, cuya actividad profesional consiste, en particular, en reclamar a las entidades aseguradoras el pago de las indemnizaciones por daños y que para ello se basa en un contrato de cesión de crédito celebrado con el afectado por un accidente de tráfico, no puede invocar el artículo 13, apartado 2, del Reglamento no 1215/2012, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, para ejercitar una acción de responsabilidad civil contra la entidad aseguradora del causante del accidente, que tiene su domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado miembro del domicilio del perjudicado, ante un tribunal de este último Estado miembro.
