Acceso usuarios
Úrsula Zurita Rivera
En las sociedades contemporáneas se observa una multiplicidad de acciones emprendidas en numerosos ámbitos y sectores, bajo la responsabilidad de un amplio abanico de actores de diferente escala, con el fin de prevenir, atender y eliminar la violencia escolar. Dados los graves efectos que este problema provoca no solo entre los individuos e instituciones directamente involucradas, sino también en el fortalecimiento democrático y el ejercicio pleno de los derechos humanos, la prevención de la violencia en las escuelas es una tarea apremiante. Frente al despliegue masivo de estrategias de intervención, a los abundantes estudios realizados en distintos campos disciplinares y a su incorporación en diversas agendas de políticas públicas, es escaso el análisis de las implicaciones que esas estrategias tienen en los principios de autoridad, legalidad y legitimidad en las escuelas. Emprender esta tarea es fundamental, ya que buena parte de las rutas trazadas en el presente para afrontar la violencia escolar –como la creación y aplicación de leyes específicas, el rediseño de acuerdos nacionales, lineamientos para el sistema educativo, manuales para la convivencia hasta los reglamentos escolares, entre otros instrumentos– han afectado dichos principios desconociendo los resultados y efectos que tienen en la conformación, reproducción e, incluso, perpetuación de la violencia escolar.
In contemporary societies, a multiplicity of actions has been taken in different areas and sectors under the responsibility of a wide range of actors on different scales, in order to prevent, attend and eliminate school violence. Since the serious effect of this problem, not only among the individuals and institutions directly involved, but also for the strengthening of democracy and the full exercise of human rights, combating violence in schools is an urgent task. Despite of the massive deployment of intervention strategies, the numerous studies carried out in different academic fields and their inclusion on policy agenda, the implications that these strategies have on the principles of authority, legality and legitimacy in schools has barely been analyzed. This task is essential, given that many of the paths outlined currently to address school violence –such as the creation and application of specific laws, the redesign of national agreements, the guidelines for the education system, the manuals for school coexistence, among other instruments– have affected these principles and have ignored the results and implications that they have in the conformation, reproduction and even perpetuation of this problem
