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El artículo realiza un análisis sobre la sentencia 16/2018 dictada por parte del Tribunal Constitucional de fecha 22 de febrero que declara la nulidad parcial de la Ley de Vivienda de Navarra en cuanto a la regulación de la expropiación temporal del uso de viviendas incursas en proceso de ejecución hipotecaria. Este criterio confirma el previamente mantenido por el Constitucional en la sentencia 93/2015 en lo que respecta a la Ley de Vivienda de Andalucía, pero esta vez, realiza un giro importante y otorga «carta de legalidad» a las expropiaciones del uso de viviendas deshabitadas incorporándose de una vez por todas las medidas de fuerza y coerción previstas en la mayor parte de leyes autonómicas. Finalmente la sentencia, valida por primera vez, la potestad sancionadora y las medidas penalizadoras con objeto de corregir los incumplimientos de la función social de la vivienda.
