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Pilar Martín Ríos
La controvertida Ley Orgánica 4/2015 ha venido acompañada de polémica desde sus trabajos paratorios. Si bien algunos aspectos de dicha Ley —conocida por algunos con el sobrenombre de «ley mordaza»— han sido objeto de exhaustivos análisis (así sucede, por ejemplo, con la afectación que supone respecto de los derechos de reunión y manifestación, así como en cuanto a la libertad de expresión), la cuestión de la retención policial en ella regulada ha merecido, por el contrario, escasa atención. Es nuestro propósito, en el presente estudio, analizar, desde un punto de vista crítico, las implicaciones constitucionales de tan controvertida figura, destacando aquellas que, a pesar de la nueva ley, continúan necesitadas de una mayor atención.
The controversial Organic Law 4/2015 has been accompanied by controversy since its preparatory work. While some aspects of the Law —known as the “Gag Law”— have been thoroughly analyzed, the question of police retention has not been sufficiently studied. It is our purpose, in the present study, to analyze, from a critical point of view, the constitutional implications of such a controversial figure, highlighting those that, in spite of the new law, still need more attention.
