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Alejandro José Huergo Lora 
Mediante el seguro de responsabilidad civil, las Administraciones Públicas trasladan a los aseguradores, a cambio del pago de una prima, el coste de las indemnizaciones derivadas de su responsabilidad patrimonial, así como, en cierta medida, la gestión y liquidación de los siniestros. El aseguramiento de la responsabilidad debería ser neutral para los perjudicados e indiferente para la aplicación de las normas de Derecho público que regulan la responsabilidad de la Administración, pero en la práctica está sirviendo para llevar al orden jurisdiccional civil el conocimiento de estas cuestiones, a pesar de las recientes reformas legislativas dirigi-das a conseguir justamente lo contrario, y también para incrementar la indemnización que perciben los perjudicados, debido a los intereses de demora agravados que pesan sobre los aseguradores.
