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Octavio Salazar Benítez 
La progresiva pérdida de prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional es consecuencia, entre otros motivos, de un proceso de nombramiento y selección de sus magistrados ciertamente discutibles. Si bien los principales remedios a dicha situación deban venir más de la cultura política que de la ingeniería jurídica, también es cierto que determinadas carencias reclaman simplemente el efectivo cumplimiento de los mandatos legales. Así sucede con el mandato de equilibrio de sexos que la LO 3/2007 dispone para los poderes públicos y que el TC no ha teniendo en cuenta en ninguna de sus renovaciones. Un mandato que deriva a su vez de la necesidad de interpretar nuestro sistema constitucional en términos de democracia paritaria.
The progressive loss of prestige and authority of the Constitutional Court is a consequence, among other reasons, of a certainly debatable process of appointment and selection of its judges. Although the main remedies to this situation must come more from the political culture than from legal engineering, it is also true that certain deficiencies simply demand the effective compliance with legal mandates. This is the case with the mandate of «gender balance» that the LO 3/2007 provides for the public authorities and that the Constitutional Court has not taken into account in any of its renewals. A mandate that derives from the need to interpret our constitutional system in terms of parity democracy.
