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La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes suficientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es una materia de singular importancia y de evidente interés público. Si bien una investigación patrimonial fuerte no constituiría una solución definitiva frente a las insolvencias, sí aumentaría el éxito de las ejecuciones en el caso de deudores solventes que ocultan sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Asimismo, mejoraría de manera sustancial la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia en nuestro país.
En este trabajo se evalúa la regulación actual del ordenamiento jurídico español, analizándose las posibilidades y obligaciones de manifestación e investigación de todas las partes implicadas, esto es, el propio ejecutante, el deudor, la investigación judicial y, por último, el deber de colaboración de terceros, teniendo en cuenta en cada momento el respeto a los derechos constitucionales y legales. Asimismo, se efectúa un estudio de las opciones de derecho comparado que pudieran servir como referencia. Todo ello, para concluir una serie de propuestas de aplicación práctica y de lege ferenda para mejorar la eficacia del sistema
The possibility to enforce the debtor’s assets in order to satisfy the creditor’s credit constitutes the culmination of the right to the effective judicial protection included in article 24 of the spanish Constitution. Notwithstanding, at times the culmination is not possible as not sufficient goods are found for the purposes of the enforcement. Therefore, the location of the debtor’s assets is a particularly important matter of evident public interest. Even though a strong patrimonial investigation did not mean a definite solution for the insolvencies, it would increase the success of the enforcement regarding solvent debtors who hide its assets to the detriment of their creditors. In addition, it would improve substantially the citizens’ trust in the administration of justice in Spain.
This work evaluates the current regulations of the Spanish legal system, analysing the means and investigation liabilities of all the parties involved, that is, the creditor, the debtor, the investigation made by the court, and, finally the third party duties of cooperation, taking into account in each moment the respect to the constitutional and legal rights. Furthermore, the work analyses the options of comparative law which could be useful as a reference. All of that, with the aim to conclude a set of measures of practical implementation and of lege ferenda to improve the effectiveness of the system
