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En Colombia no existe un único modelo de pena privativa de libertad. En realidad, existe un archipiélago carcelario en correlación con la estructura social, en el que se sobreponen unos sobre otros, como si de capas se tratase. Y en su parte más profunda se mantiene, subsiste, una modalidad punitiva con claras similitudes a las mazmorras de la Edad Antigua. Una pena que afecta de forma profunda los derechos más básicos de los internos y que se puede considerar, sin paliativo alguno como una pena cruel, inhumana y degradante. A pesar de este reconocimiento, por parte de la Corte Constitucional colombiana, desde su sentencia de 1998, la situación se mantiene. En este trabajo se propone su definitiva abolición y se señalan algunas acciones necesarias para realizarlo.
