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El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, establece un procedimiento de regularización ex post facto de instalaciones y líneas eléctricas de alta tensión no autorizadas. Desde un punto de vista ambiental, la legalidad y consecuencias de este procedimiento son bien dudosas, puesto que obvia la evaluación de impacto ambiental y otros trámites de protección del medio, como los informes de evaluación de las repercusiones sobre espacios protegidos, previstos en la legislación española y europea. Además, esta disposición invade las competencias de las Comunidades Autónomas, vulnera principios elementales del derecho intertemporal e incluso la misma legislación del sector eléctrico que se supone que viene a desarrollar. Habrá que recordar a nuestras autoridades que el Reglamento no lo puede todo.
Royal Decree 337/2014, of 9 May 2014, provides for an ex post facto regularisation procedure for unauthorized high-voltage facilities and lines. From an environmental perspective, the lawfulness and consequences of this procedure are dubious, since it disregards environmental impact assessment and other legal mechanisms intended to protect the environment, such as the assessment of implications on protected habitats, required both by national and by the European legislation. Yet, it also encroaches regional powers and violates fundamental principles of transitory law, as well as the very energy legislation that the Royal Decree is said to implement. Shall we remind our authorities that Cabinet cannot do every thing.
