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Gladys Camacho Cépeda
La respuesta a la grave crisis de confianza que afecta a las autoridades, agentes económicos y partidos políticos se afrontó, recientemente, con la creación del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, luego del cual hemos constatado la multiplicación de las normas orientadas al aseguramiento de la probidad en la función pública. Nuestro marco normativo se ha enriquecido con la introducción de una serie de disposiciones legales y reglamentarias, que han elevado a mandato jurídico una serie de exigencias que buscan ordenar la función pública y el ejercicio del poder político y económico, con arreglo a ciertos mínimos éticos aceptados por todos. En este trabajo se identifican las nuevas disposiciones sancionadas, describiéndolas en sus líneas básicas, y se analiza cuánto se ha avanzado respecto de la situación anterior. Las normas que se aprobaron durante el año 2016 están dirigidas a diversas materias críticas para el buen funcionamiento de la Administración del Estado en sus distintos niveles, el fortalecimiento del sistema democrático y la formación ciudadana.
