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Marcela Ríos Tobar
Después de dos años de un debate público marcado por escándalos de corrupción y financiamiento irregular de la política, el Congreso logró aprobar un conjunto de leyes que establecen un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento de partidos políticos, elecciones y su financiamiento. Estas normas, junto a la anterior reforma del sistema electoral binominal y a los cambios realizados al rol que cumplirá el Servicio Electoral (SERVEL), constituyen una verdadera transformación de las reglas del juego del sistema político, generando cambios significativos en la competencia por el poder, en el sistema de partidos y en la relación entre dinero y política. Muchas de las reformas aprobadas venían siendo debatidas desde hace años, pero hasta ahora no se había contado con las condiciones y voluntades para darle prioridad a esta agenda. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, en Chile la evidencia de la existencia de corrupción abrió una ventana de oportunidad para cambios estructurales en el funcionamiento del sistema democrático. Las modificaciones realizadas introducen cambios positivos sobre deficiencias en el régimen político, pero habrá que esperar algunos años para evaluar la magnitud y sentido de los efectos de estos cambios. Modificar el comportamiento de actores e instituciones políticas tomará tiempo, pero por ahora, estas transformaciones se deben recibir con una cuota de optimismo respecto de las mejoras que implican para fortalecer una tensionada democracia.
