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Después de un intenso periodo de crisis política, en donde las instituciones representativas fueron puestas en crisis, Ecuador ingresó a un proceso constituyente de la mano de un liderazgo calificado como populista. Producto de la Constitución del 2008, se establecieron diecinueve derechos de participación ciudadana y control social, los cuales se despliegan de manera variable por las distintas áreas de los gobiernos locales y el nacional, y son propulsados por la existencia de un poder estatal que se compone al margen de las dinámicas de representación legitimadas por el liberalismo. En este contexto, se cuestiona si en Ecuador existe un nuevo régimen de participación, y si su carácter es más democrático que en el escenario donde los controles políticos pertenecen de forma exclusiva a la competencia entre élites.
