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Ana Mercedes López Rodríguez
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 la Unión Europea ha adquirido la competencia exclusiva en materia de inversiones extranjeras directas (art. 207 TFUE), convirtiéndose junto a la política comercial común en uno de los principales pilares de la acción exterior de la misma. Esta circunstancia ha hecho que la Unión Europea haya interpretado esta nueva competencia como una oportunidad para intentar un tratamiento comprensivo de los temas de comercio e inversión a nivel europeo y para proponer una reforma profunda del sistema tradicional de protección de inversiones y de los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, conocidos en sus siglas anglosajonas de ISDS. Entre las reformas propuestas destaca la creación de un Tribunal Internacional de Inversiones, propuesta no exenta de polémica y que encontraría posibles escollos desde el punto de vista del Derecho de la Unión.
With the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009 the European Union has taken an exclusive competence on foreign direct investments (art. 207 TFEU). Together with the common commercial policy, it is now one of the main pillars of the external action of the EU. The Union has seen this new competence as a good opportunity to undertake a comprehensive regulation of trade and investment issues at the European level, including a major reform of the traditional mechanisms of Investor-State Dispute Settlement (ISDS). The proposed reforms include the creation of an International Investment Court, but this proposal is controversial and faces potential legal pitfalls from the point of view of EU law.
