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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 1/2018, de 11 de enero (BOE de febrero de 2018) ha provocado una interesante debate dentro del sector asegurador, no tanto en cuanto a la trascendencia del fallo, circunscrita en relación a un precepto concreto de un tipo de seguro determinado, como es el de defensa jurídica, sino en la medida en la que se trata de una cuestión general todavía pendiente de resolver en la práctica y apenas tratada con suficiente interés: el arbitraje en el contrato de seguro.
