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Julio César Tejedor Bielsa 
La jurisprudencia constitucional sobre la distribución de competencias sobre vivienda no ha resultado ajena a la explosión de la burbuja inmobiliaria ni a la crisis financiera de la última década. Tampoco a las medidas adoptadas en relación con una y otra, ya sean las impuestas por el Memorando de Entendimiento vinculado al rescate de nuestro sistema financiero, que obligan al Estado, ya las adoptadas por éste, desde la perspectiva del derecho interno, para tratar de paliar el impacto de las primeras y de la propia crisis sobre los deudores hipotecarios. El Tribunal Constitucional, pudiera decirse, no fue insensible a la hora de declarar la cobertura competencial de las medidas estatales y la consiguiente inconstitucionalidad de las adicionales adoptadas por las Comunidades Autónomas. Pero las cosas parece que empiezan a cambiar. Resuelto el recurso contra la normativa andaluza de vivienda mediante la polémica Sentencia 93/2015, están pendientes recursos de inconstitucionalidad frente a normas canarias, vascas, catalanas, aragonesas, murcianas, valencianas y extremeñas. El aparente cambio de criterio que luce en la reciente Sentencia de 22 de febrero de 2018, sobre la normativa navarra, parece alumbrar una revisión en clave autonómica de las competencias sobre vivienda. Sólo la resolución de los recursos de inconstitucionalidad pendiente permitirá, no obstante, confirmarlo.
