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Consuelo Ramón Chornet 
La evolución de las reformas legales adoptadas por los Gobiernos españoles en torno a la jurisdicción universal parece dar la razón a las críticas pragmáticas (que no realistas) que anunciaron el escaso recorrido que cabía prever. Pero la insistencia en las dificultades que atañen a la efectividad —entendida en los términos ideales de la nota de impositividad inexorable atribuida a los fenómenos jurídicos— no es suficiente para impugnar su valor como condición de legitimidad de esos mismos fenómenos. En todo caso, la lucha contra la impunidad de actuaciones que constituyen graves violaciones de derechos humanos exige una voluntad política decidida y claros instrumentos jurídicos. Ninguno de esos requisitos parecen concurrir en el caso español en la actualidad.
