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María Pilar Zapata García, Marta Postigo Palomar
El 2 de junio de 2016 la Comisión Europea dictó una Comunicación llamada “Una agenda europea para la economía colaborativa” en la que proponía medidas fiscales a adoptar por los Estados. En la actualidad España ha aprobado el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. En su primer borrador, se establecen obligaciones para las que el Gobierno utiliza como premisa la lucha contra el fraude fiscal, pero que desde las plataformas digitales aseguran ser contrarias a la normativa comunitaria y estatal, así como a los principios del mercado interior y de unidad de mercado e imponen graves e injustificados obstáculos a la libre prestación de servicios por parte de las plataformas digitales. El objetivo de este trabajo es analizar la regulación fiscal actual de las plataformas de economía colaborativa con incidencia en el sector turístico y sus agentes, comprobar si cumplen con las mismas obligaciones que las empresas tradicionales del sector o si por el contrario las empresas tradicionales están en desventaja.
On 2 June 2016, the European Commission issued a Communication entitled "A European agenda for collaborative economy" proposing tax measures to be adopted by States. Currently Spain has approved the Royal Decree 1070/2017, of 29 December, amending the General Regulations of the actions and procedures for tax management and inspection and to implement common rules governing tax application procedures, approved by Royal Decree 1065/2007 of 27 July and Royal Decree 1676/2009 of 13 November, which regulates the Council for the Defense of the Taxpayer. In its first draft, obligations are established for which the Government uses as a premise the fight against tax fraud, however the digital platforms claim that such obligations are contrary to community and state regulations, as well as to the principles of the internal market and market unity, and impose serious and unjustified obstacles to the free provision of services by digital platforms. The objective of this paper is to analyze the current fiscal regulation of collaborative economy platforms with an impact on the tourism sectorand its agents, to verify if they fulfill the same obligations as traditional companies in the sector or, on the contrary, if traditional companies are at a disadvantage.
