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José Manuel Rodríguez Uribes 
En la Constitución española que cumplirá 40 años en diciembre se deben abordar nuevos desafíos. La Constitución debe servir para frenar aquello que no es posible, como la deslealtad de una parte con el todo, o las pretensiones excesivas que ponen en tela de juicio la soberanía nacional o que enfrentan y dividen a los ciudadanos (ésta es la justificación, y no otra, del artículo 155). Pero, al mismo tiempo, se deben facilitar soluciones abiertas que permitan renovar el pacto de convivencia al menos para otros cuarenta años. Esta es la intención de La Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, constituida el 15 de noviembre pasado e impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados
