En el litigio se discute si las directivas de contratos públicos se oponen a que el poder adjudicador excluya a un licitador de un contrato por considerar que no cumple los requisitos de capacidad económica y financiera establecidos en el anuncio de licitación en lo concerniente a la presentación de una declaración emitida por una entidad bancaria, conforme a la cual ésta se comprometa a concederle un préstamo por el importe fijado en el anuncio de licitación y a garantizarle la disponibilidad de dicho importe mientras dure la ejecución del contrato.