Las empresas recurrentes alegaron el incumplimiento por parte de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea de su obligación de motivación. En concreto, entendían que las decisiones impugnadas completadas por el el informe del comité de evaluación adolecían de falta de motivación respecto a la cuestión de si las ofertas seleccionadas para cada uno de los lotes controvertidos presentaban un «carácter excesivamente bajo».