La perspectiva que interesa en este artículo es el análisis de la opción legislativa de establecer en el ámbito de la contratación pública un modelo de prelación de convenios colectivos distinto del generalmente vigente y un afán de garantizar su cumplimiento efectivo ordenando a los órganos de contratación que tengan presente en todas las fases del procedimiento de adjudicación y de la vida del contrato la repercusión del gasto que ello supone en el precio del contrato.