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La gestación por sustitución o maternidad subrogada o de alquiler es un supuesto especial de reproducción asistida en pleno proceso de expansión por el cual una mujer, mediante contraprestación o sin ella, se compromete a gestar un bebé concebido artificialmente, que no naturalmente para que otra u otras personas puedan ser padres, biológicos o no. Esta situación puede deberse a muchas circunstancias, como la infertilidad o incapacidad de gestar de la mujer sola o en pareja ocasionada por causas genéticas, de enfermedad o edad o el deseo de paternidad de hombres solos o de parejas homosexuales de hombres que, no se olvide, pueden constituir un matrimonio y tienen derecho a la paternidad tras la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Los intereses concurrentes necesitados de protección jurídica son tres: el de los citados menores; el de las mujeres que se prestan a esta técnica de reproducción, renunciando a sus derechos como madres;
y, por último, el de los denominados padres intencionales.
Por ello, ante la loable y legítima aspiración de la maternidad o la paternidad, se presenta el derecho a la asistencia sanitaria, que debe estar priorizado y por encima, a mi juicio, de la futura regulación legal.
El reto jurídico al que nos enfrentamos es considerable y al legislador le exigimos un punto de esfuerzo y valentía frente al derecho a la asistencia sanitaria porque, en caso contrario, el problema perdurará.
