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La Sentencia del Tribunal Constitucional 5/2016, de 21 de enero, declara la inconstitucionalidad del régimen básico de inspección técnica de edificios contenido en el Decreto-Ley 8/2011, por entender que invade las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Ello no quiere decir sin embargo que queden vinculados Derecho de la edificación y Derecho urbanístico entre sí y a las Comunidades Autónomas.
