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Joan Manuel Trayter Jiménez 
El presente artículo analiza las novedades que incluye la Ley de suelo respecto a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como consecuencia de la ordenación territorial o urbanística. Se analizan en el trabajo la responsabilidad por la alteración anticipada de la ordenación territorial y urbanística, la derivada del cambio del acto o negocio de la adjudicación, de la actividad de ejecución urbanística, de la alteración de las condiciones del ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de participación en ella. También se examina la responsabilidad derivada de la no ejecución del plan como causa imputable a la Administración una vez trascurridos los plazos para su desarrollo. Por último se hacen unas reflexiones sobre la necesidad que la Ley prevea, no sólo las disfunciones derivadas de una etapa de crecimiento urbanístico, sino también cuando el momento económico cambia y las previsiones planificadoras no se pueden realizar
