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Carmen Sánchez Trigueros 
Una de las fórmulas más utilizadas por la Administración Pública española para la cobertura de puestos de trabajo es la contratación temporal y, dentro de ella, el acceso a la figura del contrato de interinidad que, en nuestro ordenamiento laboral, no tiene reconocida compensación indemnizatoria alguna en el momento de la extinción por la causa que lo propició. La aplicación de esa regla a supuestos de amplia duración produce situaciones discriminatorias, no solo con respecto a los trabajadores indefinidos, sino también con respecto al resto de modalidades temporales que sí aparejan indemnización en el momento de cese.Con motivo de uno de estos supuestos (Ana de Diego Porras), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado (Sentencia de 14-09-2016, Asunto C-596/14) que la normativa española contraría el principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores indefinidos y temporales incluido en la Cláusula 4ª del Acuerdo Marco incluido en la Directiva 1999/70/CE. Las consecuencias de la citada decisión comunitaria, tal y como están poniendo de manifiesto la doctrina académica y los tribunales de justicia, parecen exceder el ámbito propio de la interinidad, para alcanzar soluciones generalistas. Estamos en un momento clave para el devenir de la contratación laboral en España, no sólo en el ámbito de lo público, en el que ha de intervenir, con premura y decididamente el poder legislativo. Mientras ello sucede, en su caso, los interrogantes suscitados han de abordarse con realismo y utilizando los resortes hermenéuticos de nuestro ordenamiento.
One of the formulas most commonly used by the Spanish Public Administration to cover jobs needed in the provision of strategic services, it is temporary contracts and, within it, access to the figure of the contract of interim, in our labour law, no compensation for damages has been recognised at the time of the extinction by the cause that led to it. Inserting this rule in the frequent cases of extensive duration of these contracts, situations that seem discriminatory occur, not only regarding indefinite workers, but also regarding the rest of temporal modalities that do prepare compensation at the time of termination. In conjunction with one of these assumptions (of Ms. De Diego Porras), the court of justice of the European Union has declared, (Judgment of 14.9.2016, Case C-596/14), that the Spanish legislation ran counter to the principle of equality and non-discrimination between temporary and indefinite workers included in clause 4 of the framework agreement included in Directive 1999/70/EC. The consequences of that Community decision, as they are emphasising academic doctrine and the courts of Justice, appear to exceed the scope of the interim, to achieve general solutions. We are at a key moment for the future of recruitment in Spain, not only in the field of the public, which has to intervene, with pressure and decisively the legislature. In the meantime, legal operators perform their work.
