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Madrid, España
El presente estudio analiza las difíciles relaciones que hoy en día se plantean en relación con la conciliación de la vida familiar y laboral frente a las decisiones empresariales de modificación del lugar de prestación de servicios que lleva aparejado un cambio de residencia para el trabajador. La normativa laboral permite que el empresario, cuando concurran las causas habilitantes para ello, pueda realizar cambios esenciales en las condiciones de trabajo que hasta el momento tenían los trabajadores afectados. Entre tales decisiones, se encuadran las que afectan al lugar donde el trabajador desarrolla su actividad laboral. Las consecuencias de esa decisión del empresario tienen una innegable trascendencia, pues en no pocas ocasiones el lugar de trabajo se convierte en elemento esencial, no sólo de la propia relación laboral, sino también de la vida privada del trabajador por sus necesidades de conciliar trabajo y responsabilidades familiares. Consciente de ello, el legislador ha articulado una serie de mecanismos protectores de los intereses del trabajador que tienen por objeto hacer menos gravosa la decisión de movilidad geográfica para los intereses del trabajador.
En efecto, es una realidad que la conciliación entre intereses inicialmente contrapuestos, exige en no pocos casos que el trabajador tenga que hacer verdaderos esfuerzos para la adecuada atención a los mismos, sobre todo en aquellos casos en los que los intereses en juego se refieren a necesidades de tipo familiar, como el cuidado de menores, de mayores o de discapacitados. Esfuerzos que incluso se complican cuando los cambios organizativos decididos por el empresario afectan a la jornada, el horario de trabajo, el salario y en particular al cambio de centro de trabajo, con o sin movilidad geográfica.
El Estatuto de los Trabajadores regula dos tipos diferentes de movilidad geográfica. Ambos conllevan la necesidad de cambio de residencia para el trabajador, pero su diferencia radica en el hecho de que uno –el traslado– tiene una duración superior al otro –el desplazamiento–. Es esa mayor duración lo que determina que entren en juego derechos vinculados a la conciliación de la vida familiar y laboral que se van a reconocer bien en los casos de traslado, bien en los de desplazamiento.
El propósito principal de este estudio es el análisis, desde una perspectiva legal, doctrinal, jurisprudencial y convencional, de las medidas de conciliación que para los distintos supuestos de movilidad geográfica reconoce el estatuto de los trabajadores.
Así, se parte de la noción de movilidad geográfica en el Estatuto de los Trabajadores para, a partir de la misma, analizar los derechos conciliación de vida familiar y laboral en el ámbito de la empresa y su proyección específica a los casos de movilidad geográfica.
En relación con este aspecto, son objeto de especial atención el concepto de familia a los efectos de la aplicación de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en los casos de movilidad geográfica y las medidas específicas de conciliación previstas para los casos de traslado y de desplazamiento. En particular, la compensación de los gastos por traslado y el derecho de reagrupación familiar en los traslados y el abono de dietas y de gastos viaje y los permisos vinculados a los casos de desplazamiento.
El alcance y contenido de los distintos derechos vinculados a la conciliación de la vida familiar y laboral en los casos de movilidad geográfica, es objeto de análisis tanto desde su vertiente legal, como desde la configuración que dan a los mismos los pronunciamientos judiciales y los convenios colectivos. Desde esa perspectiva debe señalarse que muchos de los problemas que plantea la configuración de estos derechos desde una perspectiva estrictamente legal, dada la indefinición de los mismos en ciertos casos, es resuelta bien a través de la interpretación que hacen Jueces y Magistrados de la norma, bien mediante la determinación de su alcance, sus beneficiarios, su contenido o el modo en que deben ejercitarse, tal y como se contemplan en los diferentes convenios colectivos.
El análisis de las sentencias y convenios colectivos, de sector y de empresa, ha arrojado resultados esclarecedores y muy interesantes para conocer con una mayor profundidad la configuración de estos derechos.
Por otro lado, son también objeto de atención y análisis los supuestos de movilidad previstos en el artículo 40 ET, apartados 4 y 5, que están referidos, respectivamente, al derecho a la movilidad de las víctimas de violencia de género o de terrorismo y a los trabajadores con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad algún tipo de tratamiento, rehabilitación u orientación relacionado con su discapacidad. Aun cuando no se trate, en sentido estricto, de una medida orientada a limitar el posible impacto perjudicial que la decisión empresarial de movilidad geográfica puede tener sobre el derecho del trabajador a conciliar su vida familiar y laboral, se ha creído necesario hacerse un análisis somero a este tipo de movilidad. En este punto concreto, y dada la escueta regulación legal contenida en el artículo 40 ET, se ha acudido fundamentalmente a las previsiones contenidas en los convenios colectivos, en relación con las medidas conciliatorias vinculadas a los traslados por motivo de violencia de género, de terrorismo o por motivos de salud.
The present study analyses the difficult relationships that nowadays arise in relation to work-life balance faced to business decisions of modification of the place of provision of services that implies a change of residence for workers. When there are reasons for it, labour regulations allow employers to be able to make the essential changes in the working conditions that the affected workers enjoyed so far. Among such decisions, there are those that affect the place where workers develop their jobs. The consequences of this decision by employers have an undeniable importance, because in many occasions the place of work becomes an essential element, not only of the labour relationship itself, but also of workers’ private lives due to their needs to balance work and family responsibilities. Legislators are aware of this situation and have articulated a series of protective mechanisms for workers’ interest that aim to make the decision of geographical mobility less burdensome for their interests.
In effect, it is a reality that the balance between initially opposed interests demands in many cases that workers have to make real efforts for the adequate attention to them, especially in those cases in which the interests at stake refer to family needs, such as the care of minors, elderly or disabled. Those efforts get even worse when organizational changes decided by employers affect working days, work schedules, and salaries and in particular the change of work centre, with or without geographical mobility.
The Workers’ Statute regulates two different types of geographical mobility. Both involve the need for a change of residence for workers, but their difference lies in the fact that one –the transfer– has a longer duration than the other –displacement. It is this longer duration that determines that rights related to work-life balance come into play and are going to be recognized either in cases of transfer or displacement.
The main purpose of this study is the analysis from a legal, doctrinal, jurisprudential and conventional perspective, of work-life balance measures that the Workers’ Statute recognizes for different situations of geographical mobility.
Thus, taking the definition of geographical mobility in the Statute of Workers as starting point, we analyse work-life balance rights in the business field and their specific projection to cases of geographical mobility. In relation to this aspect, the concept of family is underlined for the purpose of implementing measures to balance family and work life in cases of geographical mobility and specific work-life balance measures provided for cases of transfer and displacement. In particular, compensation for travel expenses and the right to family reunification in transfers and payment of travel allowances and expenses and permits linked to cases of displacement.
The scope and content of different rights linked to work-life balance in cases of geographical mobility is subject to analysis both from its legal aspect, and from the configuration given to them by judicial pronouncements and collective agreements. From this perspective, it should be pointed out that many of the problems posed by the configuration of these rights from a strictly legal perspective, given the lack of definition of them in certain cases are sorted out through the interpretation that judges and magistrates make of the law, either by determining its scope, its beneficiaries, its content or the way in which they should be exercised, as provided in different collective agreements.
The analysis of judgments and collective sector and company agreements has offered enlightening and very interesting results to know in greater depth the configuration of these rights.
On the other hand, we also focus on situations of mobility foreseen in article 40 ET, sections 4 and 5, which are related, respectively, to the right to mobility of victims of gender violence or terrorism and to workers with disabilities who demonstrate the need to receive outside of their local residence some type of treatment, rehabilitation or orientation related to their disability. Even if it is not, strictly speaking, a measure aimed at limiting the possible harmful impact that the business decision of geographical mobility may have on workers’ rights to balance their family and work life, it has been considered necessary to carry out a rough analysis to this type of mobility. In this specific point, and given the brief legal regulation contained in Article 40 ET, we have relied fundamentally on the provisions contained in collective agreements, in relation to the conciliatory measures linked to transfers due to gender violence, terrorism or for health reasons.
