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El fenómeno creciente y no demasiado estudiado de los menores no acompañados en España, difícil de acotar cuantitativa y cualitativamente, lleva a una nueva problemática social que va más allá de la vulnerabilidad en la frontera y desemboca en la pérdida de derechos humanos básicos, reconocidos universalmente.
La invisibilidad de estos menores ante las instituciones públicas complica la definición de espacios de intervención adecuados y la defensa de derechos universales, ante el vacío legal en situaciones de diáspora, algo que intentan cubrir las organizaciones no gubernamentales.
