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La violencia contra la mujer constituye un importante problema de salud pública, que en un porcentaje considerable de casos permanece oculto. El papel del profesional sanitario es fundamental para su detección y el abordaje del problema que puede derivar en una disminución de los riesgos de las víctimas y la oportuna canalización del hecho hacia las instituciones judiciales y de protección social. En este sentido, la adecuada cumplimentación del parte de lesiones de violencia de género permite la adecuada intervención institucional, pero no es suficiente para la eficacia de la persecución del delito. El objetivo de este estudio es analizar los aspectos jurídicos y médico-legales de la atención y de asistencia a las mujeres maltratadas que requieren protocolos específicos de atención sanitaria para alcanzar una efectiva intervención social y jurídica del problema.
