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En este artículo se analiza de forma crítica e intención constructiva la reciente doctrina que la DGRN ha venido sentando en materia de adjudicación de bienes inmuebles para reforzar la protección del deudor, en la línea que abrió en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 1/2013 en plena crisis económica. Se examinan los principales pronunciamientos recaídos en ese sentido, poniéndolos en relación con las resoluciones de los tribunales que han abordado supuestos similares y con algunas otras de la propia Dirección General en las que ha podido apreciarse una interpretación diferente, contraria a los intereses del deudor, y cuyo replanteamiento se valora. Se concluye proponiendo una reforma legal que acoja definitivamente esa doctrina progresiva y que solucione la inseguridad jurídica que ya se está percibiendo, ante la existencia de pronunciamientos contrarios a esa doctrina por parte de los tribunales.
