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Belén Triana Reyes
La STC declara inconstitucional el impuesto catalán sobre provisión de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector de la difusión de la cultura digital, por entender que su hecho imponible coincide con el del IVA, vulnerando así la doctrina constitucional en torno al art. 6.2 LOFCA que prohíbe tal duplicidad. Afirma que ambos tributos someten a gravamen la prestación de servicios de telecomunicación y prestados por vía electrónica y resta relevancia, entre otras diferencias, al destino de los fondos recaudados y al hecho de que el impuesto autonómico sea soportado por los operadores mientras que el IVA ha de ser repercutido a los consumidores.
