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Samuel Pascual Garrido Herrero 
La mayoría de viñedos catalanes eran cultivados con contratos de rabassa morta, que daban al aparcero derechos de propiedad sobre la tierra. El artículo defiende que la consideración de que la propiedad consiste en un “manojo de derechos” resulta poco operativa para analizar ese tipo de situaciones. Muestra que, desde aproximadamente 1900, el empeoramiento de la seguridad de los derechos del cultivador generó una serie de disfunciones, que hicieron que un contrato que había sido óptimo dejara de serlo. Concluye que la eliminación de las ineficiencias que la propiedad compartida estaba provocando era motivo suficiente para justificar la reforma agraria que en 1934 pretendió implantar el Parlamento Catalán.
Most of the Catalan vineyards were cultivated by means of sharecropping contracts that granted the sharecropper ownership rights over the land. This paper maintains that the “bundle of rights” view of property is not the most appropriate for analysing situations of this kind. It shows that, from around 1900 onwards, sharecroppers’ rights became insecure, which gave rise to a series of dysfunctions that resulted in the contract no longer being optimal.
It concludes that the removal of the inefficiencies arising from shared ownership was a sufficient reason to justify the agrarian reform that the Catalan Parliament sought to introduce in 1934.
