El trabajo se centra en el desarrollo y trasposición al ordenamiento español de la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, donde se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en dos textos normativos: la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD; centrándose en dos aspectos específicos: la mediación a la que puede acudir la víctima del delito y el marco más general de la justicia restaurativa. El objetivo es una reflexión ponderada sobre el respeto a la normativa europea y su desarrollo interno, en sus justos términos, sin maniqueísmos, como única forma de alcanzar una justicia efectiva y garantista