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En la implantación de la denominada Justicia Digital en el orden social se aprecian fallos estructurales básicos, pues con carácter general la misma se remite al desarrollo implementado en el orden civil, obviando la normativa específica social, lo cual está generando diversas disfunciones; en este trabajo nos ocupamos de las ocasionadas en materia de la prueba documental y su aportación al proceso social digital, sobre todo en el acto del juicio, destacando la problemática que se está generando y ofreciendo alguna solución, tanto de lege data, como de lege ferenda, con planteamiento de una propuesta de reforma del procedimiento social tipo en instancia, que permita una mejor adaptación del mismo a la Justicia Digital, reforzando las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
