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Sandra Jiménez Arroyo
El esfuerzo de la Unión Europea en prevenir y combatir la delincuencia juvenil en general, y más específicamente, determinadas conductas delictivas ejercidas por menores como es la violencia filio parental, ha supuesto un reforzamiento de los derechos y las garantías procesales no sólo de las víctimas sino también de aquellos menores que tienen la condición de sospechosos o acusados en una investigación o proceso penal. Muestra de ello, es entre otras, la Directiva 2016/800/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, aún por transponer. Con este trabajo analizamos algunas de las modificaciones que su transposición y la introducción de los derechos que incorpora podrían comportar en la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, así como su incidencia en la singular posición de los derechos procesales del menor agresor y del progenitor víctima en los casos de violencia filio parental.
The European Unión’s effort to prevent and combat the juvenile delinquency in general, and more specifically, certain criminals conducts carried out by minors like is the child-to-parent violence, has derived in a reinforcement of the procedural rights and safeguards of the victims and of the minors who are suspect or accused in criminal procedure. One example of this reinforcement, among others, is the European Parliament and of the Council Directive 2016/800/UE, about procedural safeguards for minors who are suspected or accused in criminal proceeding, still to transpose. In this paper, we analyze some of the modifications that its transposition and the introduction of the rights that it incorporates could include in the Organic Law 5/2000 regulating the Criminal Responsibility of Minors, as well as its incidence in the position of the procedural rights of the minor offender and the progenitor who is victim in cases of child-to-parent violence.
