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México
El gobierno mexicano promulgó el 20 de diciembre de 2013, una reforma constitucional encaminada a acrecentar la explotación de los hidrocarburos nacionales con el objetivo de garantizar, entre otras cosas, el suministro energético del país para las próximas décadas. Dicha reforma no sólo ha entrañado la posibilidad de obtener mayor recurso hidrocarburífero mediante la nueva forma jurídica de su explotación, sino también una mayor probabilidad de generar un impacto negativo sobre los bienes jurídicos que el derecho humano a un medio ambiente sano tutela. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como finalidad exponer los posibles impactos que el cambio constitucional provocaría en la esfera jurídica ambiental del entorno social ubicado en las regiones de perfil hidrocarburífero, así como las posibles medidas legales que se podrían establecer para contenerlo, a partir de los parámetros jurídicos que ese derecho fundamental establece.
