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Graciela López de la Fuente
Los controles empresariales de la actividad laboral desarrollada a través de medios tecnológicos se transforman provocando conflictos de intereses con los derechos de los trabajadores como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones e incluso, a la autodeterminación informativa. En ausencia de criterios legales claros, la vigilancia intencional del empresario y su confrontación con los derechos de los trabajadores sigue generando un intenso debate doctrinal y jurisprudencial sobre la determinación de sus límites. Sin duda, la Recomendación del Consejo de Europa para la protección de datos en el ámbito laboral de 1 de abril de 2015, el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, como la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017 (caso Barbulescu contra Rumanía) resultan muy inter esantes pues parecen poner un punto y final al eterno debate, obligando a nuestros tribunales a revisar su doctrina.
The business controls of the labor activity developed through technological means are transformed causing conflicts of interest with the rights of workers as the right to privacy, the secrecy of communications and even, self-determination information. In the absence of clear legal criteria, the intentional monitoring of the employer and his confrontation with workers' rights continues to generate an intense doctrinal and jurisprudential debate about the determination of their limits. Undoubtedly, the Council of Europe Recommendation for data protection in the labor field of 1 April 2015, Regulation (EU) 2016/679 on data protection, such as the last judgment of the European Court of Human Rights of 5 of September 2017 (Barbulescu v. Romania) are very interesting because they seem to put an end to the eternal debate, forcing our courts to review its doctrine.
