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Ángel Sánchez Hernández
No cabe legislar en materia agraria sin considerar sus repercusiones en la flora y en la fauna, por lo que se hace preciso introducir nuevos instrumentos jurídicos para salvaguardar la biodiversividad. Esta necesidad se enmarca dentro de la Política Agrícola Común. La legislación de ámbito europeo constituye un marco coherente para las actuaciones de los Estados miembros y de sus entes regionales. En este marco comunitario, en España se aprueba, entre otros, el Real Decreto 4/2001 de 12 de enero por el que se establece un régimen de ayuda a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente. En la Rioja esta materia se regula en la Orden 6/2002 de 13 de febrero. El presente artículo analiza las medidas que podrán ser objeto de este tipo de ayudas con especial mención a la agricultura ecológica, la protección del paisaje y la gestión integrada de las explotaciones.
