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María Isabel Serrano Maíllo 
, Esther Martínez-Pastor , Pilar Beltrán Orenes
La aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno fue una acción necesaria aunque tardía. Mejoró en gran medida la situación que se vivía en nuestro país en torno a la transparencia de las Administraciones, sin llegar a cumplir, no obstante, todas las expectativas. Uno de sus elementos más criticados es ser una ley de mínimos en cuanto a la publicidad activa, además de presentar complejidades en su implementación por recoger obligaciones que deben ser ampliadas en normas autonómicas, o en normas sectoriales, que pueden llegar a provocar desigualdades entre ciudadanos dentro del mismo país.
The approval of the Law on Transparency in 2013 was a necessary action but it came late. This law did not meet the social expectations, but there are improvements in Spain regarding the transparency of the public administration. This legal standard has been hardly criticized because it is identified as a “law of minimums” in terms of active transparency, and because it will have a difficult implementation since the obligations are expected to be expanded in local or sectorial laws at the risk to create inequalities between citizens from different latitudes of the country.
