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Carlos Flores Juberías 
, Jorge García-Contell Muñoz
Pese a que la Constitución española no contiene previsión alguna respecto a lo que coloquialmente conocemos ya como la limitación de mandatos, y a que tampoco hasta hoy ha considerado oportuno el legislador introducir en nuestro ordenamiento jurídico estatal este tipo de restricciones, lo cierto es que de un tiempo a esta parte la cuestión ha ido ganando gradualmente relevancia en el debate político, habiendo sido regulada ya en varias comunidades autónomas, siendo objeto de debate en otras, y figurando como parte del acuerdo político de investidura sobre el que se sustenta el actual Gobierno de la nación. En este trabajo empezaremos pasando revista al estado de la cuestión en España, así como a los numerosos cambios constitucionales que a lo largo de las dos últimas décadas se han verificado a este respecto en los países latinoamericanos, marco tradicional de esta práctica; para acto seguido debatir en torno a la conveniencia y a la constitucionalidad de la introducción en España de la limitación de mandatos, en su doble dimensión: respecto de los miembros del legislativo, y respecto del responsable máximo del poder ejecutivo. En esta línea analizaremos con especial detalle la idoneidad del instituto para erradicar la corrupción y asegurar la renovación de las elites políticas, la adecuación del mismo a los perfiles netamente parlamentarios de nuestro sistema, y su compatibilidad con los derechos consagrados en nuestra Carta Magna.
Despite the fact that the Spanish Constitution does not contain any provisions regarding what we colloquially know as term limits, nor has Parliament deemed it appropriate to introduce such restrictions in our legal system, the fact is that for some years now the issue has being gaining relevance in the Spanish political debate, having already been regulated in several autonomous communities, being discussed in others, and appearing as part of the political agreement on which the current Government of the nation is based. In this paper we will begin by reviewing the state of the question in Spain, as well as the numerous constitutional amendments introduced in this respect in several Latin American countries —the traditional framework of this practice— during the last two decades; only to follow with the discussion of the convenience and the constitutionality of the introduction of term limits in Spain, in its twofold dimension: in relation to the members of the legislature and to the head of the executive branch. More specifically, we will pay close look to the suitability of the institute to eradicate corruption and ensure the renewal of political elites, to its adequacy to the declared parliamentary nature of our system, and to its compatibility with the rights enshrined in our Basic Law.
