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En los últimos años Europa se ha enfrentado a la crisis migratoria más importante desde la II Guerra Mundial: la crisis de los refugiados sirios. Sus efectos humanitarios han sido devastadores si bien jurídicamente ha tenido ciertos efectos beneficiosos. Se han adoptado una serie de medidas que han modificado instituciones jurídicas que tradicionalemnte estaban vinculadas únicamente con la idea de soberanía de los Estados. Así ha sucedido con el derecho de asilo, que supone la salvación tanto para los refugiados como para la política migratoria de la Unión Europea. Estas transformaciones han definido una nueva política de control de fronteras, lucha contra el tráfico ilegal de personas, y los derechos de los solicitantes de asilo. La Agencia Europea de Migración de 2015 establece los criterios que deben seguir las reformas futuras de los Estados miembros de la Unión Europea. Siendo una competencia fundamentalmente de los Estados, el reto supone encontrar un complejo equilibrio entre los intereses de los países en política migratoria, el repeto a los Derechos Humanos y la aplicación del principio de solidaridad. Indudablemente la alternativa más adecuada sería buscar soluciones globales a la crisis migratoria, si bien hay países de la Unión que se resisten a esta solución.
