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Isabel Fernández Torres 
La crisis que atraviesa Puerto Rico no es solo una crisis económico-financiera, sino que hunde sus raíces en un problema político, el de su propia configuración como Estado Libre Asociado. Una situación cuasi colonial que le impide, por un lado, acogerse a la normativa de «quiebras» de los Estados Unidos, prevista para las municipalidades, pero también aprobar su propia normativa para afrontar la insolvencia de sus entes públicos. Una deuda de más de setenta y cuatro millones de dólares, cuya reestructuración se revela imposible, y más tras el huracán María, que está llevando a la Administración Trump a tener que plantearse una condonación —siquiera parcial— de la deuda. Pero, más allá de eso, habrá que reflexionar sobre sus soluciones a futuro, porque la crisis de Puerto Rico es una crisis estructural que requiere de la implementación de medidas estructurales.
The crisis Puerto Rico is going through is not only an economic-financial crisis, but it is rooted in a political problem that is that of its own configuration as a Commonwealth. A quasi-colonial situation that prevents it from, on the one hand, availing itself of the US bankruptcy regulations foreseen for municipalities but also from approving its own regulations to face the insolvency of its public entities. A debt of more than 74,000 million dollars whose restructuring is proving impossible and even more so after Hurricane Maria, which is leading the Trump Administration to consider cancelling —even partial— the debt. But beyond that, we will have to reflect on its future solutions because the crisis in Puerto Rico is a structural crisis that requires the implementation of structural measures.
