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Resumen Desde hace varios años se viene produciendo una serie de modificaciones legislativas y jurisprudenciales que afectan la protección de los derechos colectivos en la forma prevista en la Constitución y en la Ley 472 de 1998. Este artículo tiene por objeto analizar cómo estos cambios, relacionados específicamente con las medidas cautelares y el requisito previo a la demanda de acción popular creados por el legislador en el año 2011, implican un problema en la protección de los derechos humanos del ciudadano como garantía constitucional, pues representan un retroceso en materia de mecanismos de participación ciudadana a pesar del importante avance desde la creación de las acciones populares en 1998. Para ello, se siguió una metodología basada en la revisión de los antecedentes históricos de las acciones populares, para luego pasar a un estudio de las normas y la jurisprudencia que se refieren a las modificaciones aludidas y posteriormente, se hizo un análisis dogmático sobre los efectos jurídicos con impacto social y político que generan dichos cambios. En atención a los objetivos propuestos, se concluye que existe un desconocimiento de la importancia que el constituyente dio a la protección de los derechos colectivos y las acciones populares, como mecanismo de participación ciudadana y se evidencia que existe una tensión entre normas vigentes en el ordenamiento jurídico, lo cual coloca al ciudadano en medio de una discusión procesal que lo aleja de la naturaleza real de dichas acciones e implica la necesidad de un conocimiento especializado para el ejercicio de éstas.
Abstract Some years ago, several legislative and jurisprudential changes have taken place that affect the protection of collective rights created in the Constitution and in the Law 472 of 1998. This article aims to analyze how these changes, specifically related with the precautionary measures and the prerequisite to demand in popular action, imply a problem in the protection of the citizen's human rights as a constitutional guarantee. For this, the methodology was based on the revision of the historical antecedents of the popular actions, followed by a study of the norms and jurisprudence that refer to the mentioned modifications and later, was made a dogmatic analysis of the social and political effects that generate such changes. In accordance with the proposed objectives, it is concluded that there is a lack of awareness of the importance that the Constituent gave to the protection of collective rights and popular actions, as a mechanism for citizen participation. Also is evident that there is a tension between two rules in the legal system, which places the citizen in the middle of a procedural discussion taking him away from the real nature of such actions and implies a specialized knowledge for the exercise of them.
