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La interpretación de las cláusulas 4.ª y 5.ª de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, llevada a cabo por el TJUE en los conocidos casos «de Diego Porras», «Martínez Andrés y Castrejana López» y «Pérez López» (sentencias de 14 de septiembre de 2016, C-596/14; C-184/15 y C-197/15; y C-16/15) ha tenido un extraordinario impacto en el ámbito laboral y contencioso-administrativo (como se sintetiza en la segunda parte de este dossier).
