La adjudicación de los contratos es la fase en la que quizá más se ha puesto el foco de atención para tratar de garantizar una contratación íntegra, aunque solo es el elemento más visible de ese imprescindible refuerzo de la transparencia para prevenir la corrupción. En este trabajo analizamos el esfuerzo de la nueva Ley de Contratos para regular con mayor precisión la selección objetiva de la mejor oferta en relación calidad-precio. Y tratamos de completar, con la doctrina legal, medidas para tratar de evitar la posibilidad de manipular la adjudicación, desterrando la subjetividad en la valoración de los criterios técnicos y las fórmulas matemáticas que no reparten todos los puntos de manera proporcional lineal pura.