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Nuestro derecho a la salud integra también el de una buena alimentación, corresponde al Estado y a nuestros órganos públicos el velar porque la legislación de seguridad alimentaria se respete y se persiga el preocupante y en aumento, fraude alimentario. Desde el punto de vista jurídico, las normas son muchas y los organismos de control y prevención son muchos, pero el negocio millonario de nuevas dietas y la sensación de descontrol en cuanto existe alguna crisis alimentaria es alarmante. El Estado no puede delegar en cada ciudadano su decisión sobre el producto consumido si a este se le califica de aconsejable, es una tarea también de todos los productores de alimentos colaborar, por el bien de un país y de su salud.
