Saúl González García
El presente trabajo tiene por objeto analizar hasta qué punto la doctrina del TJUE, relativa a la protección de los consumidores y usuarios, puede alterar los principios sobre los que se fundamenta nuestro ordenamiento procesal civil. Del mismo modo se pretende examinar si es compatible el nivel de protección procesal exigido por el Alto Tribunal Europeo con la configuración actual del proceso civil declarativo o si resulta necesaria y pertinente una reforma del mismo.