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La sentencia analizada nos plantea una serie de cuestiones heterogéneas, pero todas de gran interés. Desde la compatibilidad de las reclamaciones previas administrativas con el derecho a la tutela judicial efectiva a la limitación del derecho a la intimidad por razones de interés general de los testaferros fiscales como la lucha contra el fraude fiscal, unido a cuestiones procesales relativas a la admisión como prueba de dichas listas obtenidas de modo ilegal. Lamentablemente un defecto en el planteamiento de la cuarta cuestión prejudicial nos ha privado de la respuesta del Tribunal de justicia a un tema de gran relevancia como es la interacción entre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
