El déficit de las administraciones públicas españolas se sitúa muy cerca del umbral del 3% del PIB. El mantenimiento de la actividad económica y el leve repunte de la recaudación se han visto acompañados por la reducción del gasto por intereses y por un buen comportamiento de las comunidades autónomas.
Sin embargo, el proceso de consolidación fiscal descansa principalmente en el juego de los estabilizadores automáticos, sin que se perciba, en el escenario más cercano, una corrección suficiente del déficit estructural. La incertidumbre ligada a la inestabilidad política en Cataluña y el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 son un obstáculo para el diseño de una estrategia más ambiciosa de cumplimiento de la senda fiscal