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Rafael Pizarro Nevado 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), reformó profundamente la legislación básica sobre entidades de ámbito territorial inferior al municipio para adecuarla a los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esa regulación, junto con otros preceptos de la LRSAL, fue objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad. Durante el último año el Tribunal Constitucional ha resuelto la mayor parte de esos recursos, por lo que es oportuno determinar qué repercusión ha tenido finalmente la LRSAL en la legislación autonómica sobre entidades inframunicipales y cuáles son las alternativas que se ofrecen a las poblaciones separadas que aspiren a disfrutar de una mayor y más directa implicación en el gobierno de los intereses de sus vecinos. Para ello se expone en primer lugar la doctrina constitucional sobre la competencia estatal para regular sobre este tipo de entidades, el alcance de la reforma y las opciones que se abren ante el legislador autonómico. Posteriormente se analizan los preceptos de carácter básico que específicamente se refieren a las dos soluciones organizativas previstas en la LRSAL, las tradicionales entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que conservan su personalidad jurídica y su condición de entidades locales, y los nuevos órganos municipales desconcentrados, impropiamente llamados «entes de ámbito territorial inferior al municipio».
Act 27/2013, of 27 December, on rationalization and sustainability of Local Administrations, deeply reformed the basic legislation on entities of territorial scope inferior to the municipality to adapt it to the principles of efficiency, budgetary stability and financial sustainability. This regulation was appealed before the Constitutional Court, which has resolved most of the appeals filed. Therefore it is convenient to determine which impact has Act 27/2013 finally had in the Autonomous Communities legislation on infra-municipal entities and which are the alternatives offered to little settlements that aspire to a greater and more direct participation in the government of the interests of its population. For this purpose, the constitutional doctrine on the state competence to regulate this type of entities, the scope of the reform and the options that are opened before the autonomous legislator are exposed first. Subsequently, the basic precepts that specifically refer to the traditional entities of territorial scope inferior to the municipality, which retain their legal personality and their status as local entities, and the new deconcentrated municipal bodies are analysed.
